Si un gobierno autonómico está dispuesto a saltarse la legislación de su país, su propia legislación (no ha respetado ni los cauces parlamentarios para aprobar sus propias leyes de referendum y desconexión y, aunque estén suspendidas o anuladas, tampoco los plazos que en ellas se establecen para iniciar la desconexión: no cumplen nada), las empresas se van porque si se quedan pueden aprobar cualquier ley o reglamento que les hunda y no habría regulador para protegerles. Por cierto, tampoco a los ciudadanos...