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Montoro organiza una tómbola de concesiones políticas
Des-pa-ci-to. Así aseguró Cristóbal Montoro este mismo lunes que iban sus conversaciones con Ciudadanos para pactar una rebaja de impuestos para 2018. Pero apenas 48 horas después, y para sorpresa de la formación naranja, ha convocado a los de Albert Rivera para decirles que sí, que les concede la bajada de impuestos que aún está muy lejos de concretarse. Solo se sabe que no afectará a todos los contribuyentes, que jugará con el nivel del mínimo exento, ahora en 12.000 euros, para que de alguna forma influya en las "rentas más bajas" y que también se premiará a algunos colectivos concretos a través de deducciones fiscales.Fuentes de la negociación aseguran que se beneficiará de la rebaja entre 2,5 y 3 millones de contribuyentes, que serían aquellos que tienes rentas entre los 12.000 y los 20.000 euros. Todo parece indicar que será a través de la reducción por rendimiento del trabajo por el que este colectivo podrá disfrutar de menos impuestos en 2018. Montoro advirtió a Ciudadanos de que no había margen aún para una rebaja generalizada y que se tenía que concretar en esta franja, algo que aceptaron como suficiente desde la formación naranja. En cuanto a otros colectivos que tendrán rebajas de impuestos por la vía de las deducciones son aquellos que consideran "vulnerables" como personas con discapacidad o familias numerosas. La aspiración es que para 2019 la rebaja del IRPF sea generalizada, según ha transmitido Hacienda a los negociadores. La propuesta ha sido un cambio total de criterio del ministerio respecto a lo que había defendido una semana antes.
Prácticamente al mismo tiempo, Montoro organizaba una timba inusitada en política. Convocaba de urgencia para el viernes a las comunidades autónomas para proponerles un nuevo objetivo de déficit para las cuentas de 2018. El objetivo propuesto hasta ahora, 0,3%, fue rechazado hace apenas una semana por las comunidades del PSOE. Tal y como aseguró el lunes Montoro que las conversaciones con Ciudadanos iban lentas, también dijo que no le importaba nada que el PSOE no le diera su apoyo. 48 horas después, deshace lo aprobado en el consejo de ministros extraordinario aprobado el lunes, retira el proyecto de ley del Parlamento y vuelva a reunir a las CCAA para ofrecerles una pírrica décima que no servirá aparentemente para nada.
Y las ofertas del ministro de Hacienda no acaban aquí. Según fuentes sindicales, ha convocado también a los funcionarios para negociar la Oferta de Empleo Público que aprobará este mismo viernes y que puede superar las 8.000 plazas. Especialmente bendecidas serán las administraciones que atienden al público como la tributaria, la inspección de trabajo o los servicios de gestión del dni.
Estos tres movimientos, prácticamente simultáneos, chocan no solo con todas las decisiones y declaraciones adoptadas en las últimas 48 horas, sino también con las críticas que le llueven al ministro desde que hace unas semanas el Tribunal Constitucional tildara de ilegal su amnistía fiscal de 2012. Después vino la reprobación en el Congreso, las portadas de ABC indicando favoritismo al despacho de consultores que formó o las revelaciones del exministro José Manuel Soria sobre filtraciones de Montoro a Rajoy con datos fiscales de su familia.
Sea por decisión propia o por impulso de Moncloa, el titular de Hacienda ha tenido que rearmarse con todos los anuncios lanzados hoy para hacer frente a la lluvia de críticas. El viernes deberá exponerse de nuevo a ruedas de prensa en las que a Montoro se le preguntará por las cuentas públicas y no por estos dimes y diretes de la política interna del PP.
En cualquier caso, salvo el apoyo de Ciudadanos, es difícil ver qué alcance tendrán los anuncios realizados hoy. En el PSOE Manuel Escudero, responsable de Economía del PSOE, asegura que están "sorprendidos por la falta de transparencia y la opacidad" con la que se ha gestionado este cambio de criterio. Para el economista, la oferta del 0,4% de déficit "es manifiestamente insuficiente" ya que las autonomías socialistas pedían al menos un 0,6% por lo que no ven "argumentos para modificar el voto".
La oferta de empleo público a las centrales sindicales tiene también como objetivo ablandar a las formaciones de la oposición para dar un voto positivo a los planes del Gobierno en los próximos meses.
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