Antes de que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciara a trav�s de la presidenta del Parlament catal�n, Carme Forcadell, que no asistir�a a la comisi�n del Senado para defender su posici�n para evitar para aplicaci�n del art�culo 155 en Catalunya, el Gobierno ya hab�a lanzado el mensaje de que era "inaceptable" que con la convocatoria de elecciones auton�micas Puigdemont evitara la intervenci�n de la Administraci�n auton�mica por parte del Gobierno central.
De esta manera, tras la convalidaci�n este viernes en el pleno del Senado de las medidas que aprob� el Consejo de Ministros extraordinario del pasado s�bado, se prev� que el mismo viernes por la tarde o el s�bado por la ma�ana se convoque un Consejo de Ministros que decrete el cese del Puigdemont y todo su Govern.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy considera que "no le puede salir gratis el desaf�o independentista al Govern de Puigdemont" que "ha supuesto el incumplimiento reiterativo y flagrante de la legalidad, la rotura de la convivencia en Catalunya y el empobrecimiento de la sociedad catalana con la salida de empresas" de esta comunidad aut�noma.
El Gobierno ha ido modificando su postura a lo largo de la semana, lo que le ha valido un encontronazo con el PSOE, que ambos partidos han intentado rebajar. El lunes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S�enz de Santamar�a, apuntaba que si Puigdemont convocaba elecciones auton�micas, ser�a suficiente para frenar el 155. El martes salieron varios ministros y dirigentes del PP a puntualizar que, adem�s de los comicios auton�micos, el president de la Generalitat deb�a retractarse de los pasos ilegales que hab�a cometido. Este mi�rcoles, el Gobierno daba por cerradas las puertas a Puigdemont y vinculaba la recuperaci�n de la legalidad a la aplicaci�n del art�culo 155.
Otras fuentes en el partido conservador apuntan que el cambio de posici�n del Gobierno obedece a la imposici�n de los m�s duros en el Consejo de Ministros y en el partido para enviar un mensaje m�s fuerte destinado a su electorado, ante el avance de Ciudadanos en las encuestas electorales por su postura m�s inflexible.
En este sentido fuentes del Ministerio de Hacienda insistieron hace d�as en que el vicepresident econ�mico de la Generalitat, Oriol Junqueras, no pod�a seguir en su puesto porque era "el principal responsable de ahuyentar a las empresas fuera de Catalunya".
El anuncio de que Puigdemont no asistir�a a la comisi�n del Senado este jueves solo confirm� al Ejecutivo de Rajoy que el president se iba a mantener en la ilegalidad y que la posible convocatoria de elecciones auton�micas solo era "una treta" de los independentistas. El portavoz del Gobierno y ministro de Educaci�n, ��igo M�ndez de Vigo, apunt� que "est� claro que el se�or Puigdemont no quiere dialogar".
El vicesecretario de Comunicaci�n y diputado del PP, Pablo Casado, declar� que Puigdemont "ya ha cruzado el Rubic�n, est� a ver c�mo salen del l�o por una gatera que evidentemente la legislaci�n no les va a facilitar. Nadie entender�a que Puigdemont con las elecciones pretenda que no pase absolutamente nada y acabe organizando un posible pucherazo como el refer�ndum del 1 de octubre".
Convocar elecciones como treta para evitar el art�culo 155 ya no es admisible. Se han dado suficientes oportunidades para cumplir la ley pic.twitter.com/h4DROOun4b
� Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 25 de octubre de 2017
Otras fuentes del Partido Popular insistieron en que el Gobierno hab�a declarado "que ser�a positivo" que Puigdemont convocase elecciones pero "no significaba que par�bamos el 155". De hecho, las mismas fuentes coincidieron con el planteamiento de Ciudadanos, que este mi�rcoles ped�a al Gobierno que hiciera lo necesario para garantizar "neutralidad institucional en unas elecciones auton�micas libres y seguras en Catalunya" ante la dudosa gesti�n electoral del "comit� de sedici�n de Puigdemont".
Los funcionarios cumplir�n la ley

En esta situaci�n, aunque en Moncloa admiten que no ser� f�cil la gesti�n de la Administraci�n catalana por parte del Gobierno central, tambi�n se tiene la tranquilidad de que los funcionarios cumplir�n con la ley.
El acuerdo de medidas del 155 se�ala que "el incumplimiento de las disposiciones, actos, resoluciones, instrucciones u �rdenes de servicio dictadas por los �rganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Naci�n puede ser constitutivo de responsabilidad disciplinaria", que puede derivar en actuaciones castigadas penal y patrimonialmente por los incumplidores.
"La primera semana de la intervenci�n puede haber una escenificaci�n o 'performance' por parte del independentismo porque son profesionales de este tipo de cosas, pero no va a haber una desobediencia generalizada por parte de los funcionarios", explican fuentes de Moncloa.
Fuentes del Gobierno explican que ya hay ejemplos para creer que los funcionarios en Catalunya van a cumplir las �rdenes del Gobierno central. "Tenemos el ejemplo de los letrados del Parlament que, pese a las presiones, cumplieron con su cometido durante las jornadas del 6 y 7 de septiembre y se posicionaron contra las leyes de refer�ndum y de transitoriedad. Adem�s, los funcionarios del departamento de Econom�a del Govern han cumplido sin problemas las �rdenes de Hacienda cuando se ampli� la tutela del ministerio sobre los pagos de la Generalitat", subrayan las mismas fuentes.